El Estado de Rio Grande do Sul y The Document Foundation firmaron un acuerdo para el fortalecimiento de la utilización de los formatos abiertos de documentos. Foto: Tárlis Schneider - Indice Foto
Este miércoles 3, dentro de la programación del 14º Foro Internacional Software Libre (fisl14), el Estado de Rio Grande do Sul, por intermedio de la Secretaría General de Gobierno, con la intervención del Departamento de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, y The Document Foundation firmaron el Protocolo ODF (Open Document Format). El objetivo es la realización de acciones conjuntas para el desarrollo y la promoción de políticas públicas de uso de estándares abiertos en las administraciones gubernamentales.
Según el Secretario General del Gobierno, Vinicius Gomes Wu, el Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul vive una fase importante en cuanto al estándar de formatos abiertos. Según Wu, es necesario profundizar iniciativas para el desarrollo de tecnologías para la autonomía, democratización de la información y para la soberanía del Estado. “Queremos transformar el Estado en referencia a la adopción de formatos abiertos en su estructura”, afirmó.
El representante de The Document Foundation, Olivier Hallot, destacó la relevancia de la institución que defiende la libertad de software y su independencia. El director-presidente de la Companhia de Processamento de Dados del Estado de Rio Grande (Procergs), Carlson Aquistapasse, afirmó que el acuerdo demuestra el avance. “Tenemos el desafío de usar la tecnología para profundizar la democracia”, dice. Para el coordinador general de la Associação Software Livre (ASL), Ricardo Fritsch, el protocolo firmado representa un paso importante para asegurar el uso de estándares abiertos de documentos en el Estado de Rio Grande do Sul.
La iniciativa de apoyar oficialmente la utilización de formatos abiertos ya es una realidad en el Gobierno Federal. De acuerdo con Rogério Alves de Souza, presidente del Comité Ejecutivo de la Secretaría General de TIC del gobierno gaúcho, en Rio Grande do Sul esa iniciativa debe reducir en un 98% el gasto en licencias de software de escritorio, que hoy llega a los R$ 50 millones en el estado.
“Nuestra nueva orientación hará que los órganos de la administración pública directa, fundacional y autárquica precisen justificar la elección de otras soluciones no basadas en ODF de aquí en adelante”, explica Souza.
Una victoria más del conocimiento libre y compartido.